Plan de reestructuración de deudas para empresas

El plan de reestructuración es la herramienta que la reforma concursal de 2022 puso en el centro. Permite cambiar las condiciones de la deuda de una empresa viable antes de que llegue el concurso.

Puede tocar casi todo lo que pesa en el pasivo: plazos, quitas, conversión de deuda en capital, venta de una parte del negocio o cambios en la forma de operar. Y su gran diferencia con un acuerdo privado es que, si el juez lo homologa, obliga también a los acreedores que votaron en contra, siempre que se cumplan las mayorías y las condiciones que fija la ley.

No es para empresas sin negocio. Es para las que tienen una actividad que funciona y una deuda que no pueden atender tal como está.

Los acreedores afectados por el plan se agrupan en clases según el tipo de crédito y sus intereses comunes. Los que tienen garantía real no van con los proveedores ordinarios, y el crédito público tiene su propio tratamiento.

Cada clase vota. El plan se aprueba en una clase cuando lo apoya una mayoría cualificada de su pasivo, más exigente si la clase es de créditos con garantía real. Si todas las clases lo aprueban, se puede homologar. Si alguna vota en contra, la ley permite homologarlo igualmente en ciertas condiciones: es lo que se conoce como arrastre de clases disidentes.

En todo caso, el juez comprueba una regla básica. Ningún acreedor que haya votado en contra puede quedar peor de lo que quedaría en una liquidación concursal. Es la prueba del interés superior de los acreedores, y es donde se discuten buena parte de las impugnaciones.

Primero, el diagnóstico: la deuda acreedor por acreedor, la caja de los próximos meses y si el negocio es viable con otra estructura de pasivo. Sin eso no hay plan que defender.

Segundo, la protección. Si hay ejecuciones en marcha o a punto de llegar, se comunica al juzgado la apertura de negociaciones. Eso da un plazo de protección de tres meses, que se puede prorrogar en los términos que fija la ley, y suspende el deber de solicitar el concurso.

Tercero, la negociación y el plan. Se forman las clases, se redacta el plan con el contenido que exige la ley y se recogen los votos.

Cuarto, la homologación. El juez la concede si se cumplen los requisitos, y los acreedores disidentes pueden impugnarla por los motivos que la ley tasa.

Si no hay acuerdo y la empresa sigue insolvente, el camino acaba en concurso. Pero un plan que no sale tampoco es tiempo perdido: el diagnóstico y el inventario se aprovechan.

La comunicación de apertura de negociaciones es la antesala habitual del plan. Si el plazo ya corre, revise cuándo hay que solicitar el concurso. Si la empresa es muy pequeña, su cauce no es este sino el procedimiento especial para microempresas. Si el administrador ha avalado deuda de la sociedad, la segunda oportunidad puede ser su salida personal. Y para comparar con la alternativa, tiene cuánto cuesta y cuánto dura un concurso.

Si quiere que veamos si su empresa encaja, escríbanos con el último balance.

Cuando lo que frena la reestructuración es un desacuerdo entre socios, o la duda es qué responde el administrador fuera del concurso, eso lo lleva otra web del mismo despacho.